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NUEVA SEDE JUDICIAL EN TORREMOLINOS

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Comienza a despejarse el futuro de las sedes judiciales de Torremolinos. El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha reconocido esta semana en comisión parlamentaria que una nueva ubicación «mejoraría sustancialmente las condiciones actuales» del servicio tras las últimas protestas de trabajadores y usuarios por la plaga de termitas detectadas en una de las sedes. De Llera se refirió expresamente al edificio municipal situado en la céntrica plaza Picasso, descartado como Museo de la Ciudad después de que la Junta de Andalucía se negara a incluirlo en su registro por «carecer de un discurso sólido y de la suficiente coherencia» requerida a los espacios artísticos. Este inmueble, con una inversión cercana a los cinco millones de euros, permanece vacío a falta de ser terminado, aunque el presupuesto municipal, a punto de aprobarse, incluirá una partida destinada a su conclusión.

Pese a sus reticencias iniciales, De Llera ha aprobado el traslado de las sedes al nuevo edificio, que primero debe ser finalizado. Con posterioridad, el Ayuntamiento ha de solicitar un cambio de uso cultural a uso judicial y definir una propuesta de canon o de contraprestaciones por la cesión del espacio, por lo que los trámites podrían alargarse durante varios meses. El alcalde, José Ortiz, calificó ayer de «gran noticia» el cambio de posicionamiento del Gobierno autonómico, con el que mantiene negociaciones prácticamente desde comienzos de legislatura. El regidor recuerda que las sedes actuales «están obsoletas y no reúnen la condiciones adecuadas».

 

La Audiencia Provincial de Málaga ha dictado la primera sentencia que incorpora la doctrina dictada recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y el Tribunal Supremo sobre la retroactividad total de la devolución de cantidades en casos de cláusulas suelo que sean declaradas abusivas. Con fecha de 27 de enero, la Sección Sexta del tribunal malagueño rechaza un recurso de apelación presentado por Cajamar y confirma la condena a la devolución íntegra de las cantidades cobradas de más desde el inicio de la hipoteca a tres clientes: 8.221,92 euros, 7.465,05 euros y 5.816,58 euros respectivamente.

El motivo por el que los tres afectados están agrupados en una misma demanda es que compraron su vivienda en la misma promoción y se subrogaron a la hipoteca de la promotora, que era con Cajamar. Por tanto tenían «idénticas condiciones» en sus préstamos.

Con esta sentencia, la Audiencia en realidad no hace sino restablecer su criterio inicial respecto a la procedencia de la retroactividad total. En efecto, el tribunal malagueño fue pionero en dar la razón a los consumidores que exigían la devolución del dinero pagado de más a lo largo de todo el préstamo. Una postura que compartía con los juzgados mercantiles malagueños y que después se vio obligada a modificar como consecuencia de la doctrina del Tribunal Supremo, que limitó la retroactividad a mayo de 2013. Ahora, pues, la máxima instancia judicial malagueña actualiza su doctrina conforme a la fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su famosa sentencia de 21 de diciembre de 2016.

La Audiencia argumenta, ante el recurso de Cajamar: «La decisión adoptada por el TJUE, en unión de los razonamientos que apoyaban el criterio inicialmente mantenido por esta Sala con anterioridad al dictado de la Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2015, que resultan conformes al derecho interno español y no colisionan con la normativa Europea ni con la interpretación que de la misma hace el TJUE, no pueden sino conducir a la desestimación del recurso de apelación y consecuentemente, a la confirmación de la sentencia apelada».

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado el derecho de un padre a desheredar a su hijo por negarle su ayuda, en los momentos finales de su vida y ante su precaria situación económica, no sólo en cuanto a alimentación —una de las causas que establece el Código Civil para privar de la legítima a un descendiente—, sino que amplía este concepto a «todo lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica». El tribunal de la Sección Cuarta ha desestimado el recurso interpuesto por el hijo del testador contra la sentencia que ya en primera instancia absolvía a los hermanos de aquél, a quienes el desheredado reclamaba que le pagasen la cantidad que le correspondiese en concepto de legítima tras la muerte de su progenitor más los intereses legales desde la fecha de su fallecimiento, el 29 de abril de 2013.

El Ayuntamiento de Benalmádena pone en marcha hoy su programa de intervención psicológica para víctimas de desahucios. El primer grupo, constituido por 15 personas, se reunirá una vez a la semana durante siete sesiones, según adelantó ayer el concejal de Vivienda, Enrique García. Su delegación trabaja desde septiembre en la elaboración de este plan, que entronca con la proposición no de Ley presentada por Podemos en el Parlamento andaluz. García, edil de Costa del Sol Sí Puede, asegura que existe una «correlación» entre el aumento de «trastornos de ansiedad, depresiones y suicidios» y los desahucios.

Las terapias grupales, basadas en la autoayuda, estarán dirigidas al fomento de las relaciones sociales y a aminorar los posibles efectos que influyen en los cuadros médicos de las víctimas de desahucios. Estas personas suelen presentar trastornos ansioso-depresivos, además de hipertensión y problemas cardíacos. Los desalojos también van acompañados con frecuencia de un aumento del consumo de alcohol y tabaco como modo de afrontar el estrés generado por este tipo de situaciones. La Oficina de Rescate Ciudadano de Benalmádena ofrece atención gratuita, un servicio que debe solicitarse en la Concejalía de Vivienda, situada en la planta baja del edificio de Servicios Sociales, en calle Pepa Guerra.

Los talleres dotarán a los participantes de herramientas y estrategias «que ayudarán a reconocer emociones derivadas de los pensamientos negativos que influyen en el estado de ánimo», según anunció ayer el Ayuntamiento. El programa, de carácter preventivo y de recuperación, estará coordinado por la psicóloga Lidia Lozano, que asegura que el proyecto pretende «que las víctimas mantengan la capacidad funcional» después de que varios informes hayan alertado sobre los sentimientos de estrés, inseguridad, culpa, vergüenza, miedo o pérdida de control que generan los desahucios. «Es una situación que afecta a toda la unidad familiar, con consecuencias directas sobre la salud», recuerda García.

Benalmádena también destinará una nueva línea de ayudas municipales para el pago de alquileres. Estas subvenciones podrán suponer hasta el 40 por ciento de la cuota mensual hasta un tope de doce meses para familias con una renta inferior a 600 euros.

El Tribunal Supremo indica que las modificaciones se aplicarán a recursos de sentencias notificadas a partir del 22 de julio.

Este viernes entra en vigor la nueva regulación del recurso de casación ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, una reforma que supone un cambio de calado para este importante trámite procesal.

Se elimina la cuantía de 600.000 euros que la ley establecía como umbral mínimo para poder recurrir ante esta jurisdicción. A cambio, ese límite se sustituye por el concepto de interés casacional, que abarca, por ejemplo, a las sentencias que incluyan a un gran número de afectados, las resoluciones contradictorias o que dañen gravemente el interés general, y las decisiones judiciales que se aparten deliberadamente de la jurisprudencia existente.

El objetivo es facilitar la formación de jurisprudencia aplicable en todo el territorio nacional y reforzar el recurso de casación como instrumento para asegurar la uniformidad en la aplicación del derecho. Todo ello implica la puesta en marcha de la sala de admisión, cuyos miembros tienen previsto hacer público este mismo viernes un acuerdo con el que clarificarán qué sentencias se van a regir por la nueva casación y cuáles seguirán con el sistema antiguo -el texto se enviará a todos los operadores jurídicos afectados por la materia y se colgará en la web del Alto Tribunal a lo largo del día-.

Además, el nuevo recurso de casación ha supuesto una reestructuración integral de la sala de lo contencioso, que preside el magistrado Luis Díez Picazo. Las secciones se han modificado y se han reestructurado las secretarías judiciales. También se ha modificado el sistema informático para adaptar las carátulas y los nuevos formatos. Por razones procesales, desde el tribunal apuntan que no será hasta bien entrado el mes de octubre cuando se comience a constatar el primer balance de los nuevos recursos presentados, ya que se aplicará a recursos de sentencias notificadas a partir del 22 de julio y hay que tener en cuenta que existe un plazo de 30 días para formalizar el recurso.

Ante la notable ampliación de las resoluciones judiciales que podrán tener acceso al recurso de casación, la sala de gobierno del Supremo publicó un acuerdo el pasado 20 de abril en el que se determinaba la extensión máxima -50.000 caracteres con espacio, el equivalente a 25 folios- y el formato en que deben presentarse los escritos procesales, una medida frecuente en otros tribunales europeos, pero que en España generó gran revuelo entre la abogacía.

Ayer una jueza de Madrid tomó una decisión que beneficia a más de dos millones y medio de residentes en España que tienen una cláusula suelo en sus hipotecas –más de 100.000 en la provincia de Málaga, según cálculos de Ausbanc– y, por tanto, no se han beneficiado de las importantes bajadas del euribor en los últimos años.

La titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid ha declarado nulas este tipo de cláusulas para un total de 15.000 afectados que, a través de la asociación de usuarios bancarios Adicae, habían recurrido sus contratos hipotecarios suscritos con 101 entidades financieras (luego reducidas a 40 tras el proceso de fusiones). Además, condena a los bancos a devolver las cantidades «indebidamente abonadas» por los consumidores desde el 9 de mayo de 2013. La malagueña Unicaja está entre las entidades afectadas por esta sentencia, que son prácticamente todas las que operan en España y han aplicado cláusulas suelo.

El Tribunal Supremo (TS) admite el uso exclusivo, por turnos y por periodos sucesivos y recurrentes de la vivienda, como una fórmula «justa» para los casos en que la relación entre los miembros de la comunidad de bienes no haga posible o aconsejable su uso solidario o compartido. También admite esta solución cuando así sea solicitado por algún comunero. Así lo determina en una sentencia del 9 de diciembre de 2015.

En el caso enjuiciado, tres miembros de una comunidad de bienes -la madre y dos hermanos- ejercitaron acción de regulación del uso del bien común contra un cuarto -una tercera hermana-, solicitando el reparto del uso de la casa familiar.

Ante la imposibilidad de un uso compartido y no habiéndose llevado a cabo aún la división de la herencia, los demandantes reclamaron el reparto de la utilización de la vivienda por turnos alternos y sucesivos, fijados por sorteo.

La Audiencia Provincial de Badajoz, en la sentencia de apelación aseveró que la fórmula propuesta «solo puede generar conflictos, no tiene base legal y por ello ha de ser rechazada».

En los arrendamientos regidos por la LAU 1964, la sala de lo Civil del TS ha dictado una sentencia de fecha 30 de diciembre de 2015 (sentencia núm. 749/2015, ponente señor Marín Castán), por la que establece que el importe de la tasa de recogida de basuras es una cantidad asimilada a la renta en los términos del art. 114.1ª LAU de 1964, de forma que su impago, en cuanto supone el incumplimiento de una obligación dineraria añadida a la esencial de abono de la renta, faculta al arrendador para instar la resolución del contrato.

La doctrina Botín

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      El Supremo entiende que la Acusación Popular no puede mantener una acusación autónoma absoluta respecto de la del Ministerio Fiscal. La autonomía se ve limitada cuando se condiciona su derecho a solicitar la apertura del juicio a que el Ministerio Público y la acusación particular no hayan solicitado el sobreseimiento.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia de la que ha sido ponente el Magistrado D. Pedro José Vela Torres, ha desestimado los recursos de infracción procesal y de casación interpuestos por BBVA y Banco Popular Español contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de julio de 2013. El procedimiento se inició por una acción colectiva interpuesta por la OCU en la que solicitaba la nulidad de múltiples cláusulas en diversos contratos bancarios de BBVA y Banco Popular.

La sentencia de la Sala Primera desestima los recursos interpuestos por BBVA y Banco Popular y aprecia la nulidad, por abusiva, de la cláusula de vencimiento anticipado inserta en los préstamos hipotecarios del BBVA, que facultaba a la entidad bancaria para exigir anticipadamente la devolución de la totalidad del préstamo por la falta de pago de una parte de cualquiera de las cuotas. La Sala sostiene que la validez general de las cláusulas de vencimiento anticipado no excluye la posibilidad de que sean consideradas abusivas, y por tanto, nulas, atendiendo a las circunstancias del caso, en la forma explicada por el TJUE en la sentencia de 14 de marzo de 2013 (asunto Aziz). La cláusula predispuesta por el BBVA no supera los estándares exigibles, pues no modula la gravedad del incumplimiento en función de la duración y cuantía del préstamo, no permite al consumidor evitar su aplicación mediante una conducta diligente de reparación y posibilita la resolución del préstamo por el incumplimiento de un solo plazo, incluso parcial.

Sobre los efectos de la abusividad, la sentencia razona que la nulidad de la cláusula no siempre conllevará el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria. La tutela de los consumidores aconseja evitar interpretaciones maximalistas que, bajo una apariencia de máxima protección, tengan como consecuencia paradójica la restricción del acceso al crédito hipotecario y, derivadamente, a la adquisición de vivienda en propiedad. El mismo principio de equilibrio en las prestaciones que ha de presidir la interpretación de la cláusula del vencimiento anticipado revela lo inadecuado de obligar a las entidades prestamistas, ante comportamientos de flagrante morosidad, a acudir en exclusiva al procedimiento declarativo para obtener la resolución del préstamo, con cierre de la vía ejecutiva especial legalmente prevista.

Si la nulidad del vencimiento anticipado conllevara el cierre del proceso ejecutivo incluso en los supuestos en que la gravedad del incumplimiento justificara el ejercicio de la acción hipotecaria, se privaría al deudor de las especiales ventajas que contiene este tipo de procedimiento, como la fijación de un límite de tasación para la subasta (75% de la tasación del préstamo), las posibilidades de liberar la vivienda, la facultad de rehabilitar el contrato o la liberación de responsabilidad para el caso de adjudicación de la vivienda habitual hipotecada cuando el precio obtenido en la subasta fuera insuficiente para pagar la deuda.

La nulidad de la cláusula sí puede producir el sobreseimiento de la ejecución si se dan las condiciones mínimas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil (el impago de tres plazos mensuales o un número de cuotas equivalente) y el tribunal valora además, en el caso concreto, que el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado no está justificado en función de los criterios fijados por el TJUE: carácter esencial y no secundario de la obligación incumplida, importe impagado en relación con la cuantía y duración del préstamo y la posibilidad real que el consumidor haya tenido de evitar la consecuencia del vencimiento anticipado.

La sentencia también considera nulas las cláusulas que imponen al consumidor todos los costes derivados de la concertación del contrato como consecuencia de la intervención notarial y registral y el pago de los tributos en los que el sujeto pasivo es el banco, como sucede en determinados hechos imponibles del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

Otras cláusulas consideradas nulas son las que imponen al consumidor el pago de los gastos pre-procesales, procesales o de honorarios de abogado y procurador contratados por la entidad prestamista, en casos de incumplimiento de su obligación de pago; las que impiden al prestatario variar el destino del inmueble sin la autorización expresa del banco; y las que equiparan la aceptación por el cliente de una oferta telefónica a su firma manuscrita y a la asunción de las condiciones particulares del contrato.

En materia de interés de demora, la sentencia mantiene la declaración de nulidad por abusivo del tipo fijado en el préstamo hipotecario del BBVA al 19% y, aplicando el mismo criterio establecido para los préstamos personales, considera que la nulidad afectará al exceso respecto del interés remuneratorio pactado.

En aplicación de la doctrina de la Sala sobre los requisitos de las clausulas suelo, la sentencia considera que la estipulación incluida en el préstamo hipotecario del Banco Popular es nula por no reunir las exigencias de transparencia aplicables, al tiempo que reitera la nulidad de la cláusula suelo del contrato del BBVA, ya declarada en otras sentencias anteriores.

La sentencia cuenta con un voto particular concurrente del Magistrado D. Francisco Javier Orduña Moreno, que, sin cuestionar el fallo, expresa su discrepancia sobre las consecuencias de la abusividad del vencimiento anticipado y sus efectos sobre el proceso de ejecución hipotecaria que, en su opinión, debería ser siempre sobreseído.