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En el caso de que un heredero renuncie a la herencia una vez prescrito el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), Hacienda lo tratará como una donación y deberán tributar los herederos que se han beneficiado de la repudiación, según indica la Dirección General de Tributos, en una consulta vinculante, de 4 de febrero de 2019.

La norma establece que cuando un heredero renuncia, en su lugar deberán tributar los demás herederos que se reparten la parte repudiada. La renuncia realizada por un heredero tan solo afecta a la parte del beneficiario que la realiza a efectos del ISD, sin que signifique que el repudiante haya adquirido antes su porción de la herencia, ni desde el punto de vista civil ni fiscal.

Explica la DGT que se trata de una ficción jurídica, de «un procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual, por ley, se toma por verdadero algo que no lo es o que no existe y se le otorga determinados efectos jurídicos, bien un derecho, bien una obligación».

En este caso, la ficción legal tiene por finalidad evitar que la adquisición lucrativa del beneficiario de la repudiación quede sin tributar al prescribir el impuesto correspondiente a la sucesión del causante.

Con ello, apunta que tanto la aceptación como la renuncia de la herencia tienen el efecto de retrotraerlas al momento del fallecimiento del causante, lo que significa que tales bienes no pudieron pertenecer en ningún momento al repudiante.

Señala la DGT que «en cualquiera de los dos casos, pues, tributa el beneficiario de la repudiación, que será heredero -o, en su caso, legatario- del causante, lo cual resulta absolutamente lógico, ya que es en él en quien se manifiesta una capacidad económica, derivada de la adquisición de los bienes repudiados».



Los alumnos quedarán obligados a reparar los daños materiales en las instalaciones y a reconocer su responsabilidad por daños morales

La Consejería de Educación y Deporte ya tiene elaborado el anteproyecto de ley de reconocimiento de autoridad del profesorado, que consideran «inherente al ejercicio de la función docente» .
Otra de las grandes novedades de la nueva regulación es que se obliga a los alumnos a reparar los daños materiales producidos en las instalaciones escolares, y a pedir perdón o excusas al profesor, en público o privado, en caso de daños morales.
La ley parte de una premisa importante, al considerar que la autoridad del profesorado es una de las garantías del derecho fundamental de la educación, «inherente al ejercicio de su función docente y a su responsabilidad a la hora de desempeñar dicha función, y como tal ha de ser reconocida».
Reconoce a los profesores, entre otros, el derecho a recibir el trato, la consideración y el respeto que le corresponde, por parte del alumnado, de las familias, del resto del profesorado y de otro personal que preste su servicio en el centro docente, «conforme a la importancia social de la tarea que desempeña». También a desarrollar su labor en un clima de orden y respeto a sus derechos y a su dignidad o a la protección jurídica adecuada en el ejercicio de sus funciones docentes.

Atención psicológica

La protección jurídica y psicológica del personal docente se persigue considerándolo autoridad jurídica. Hasta ahora, solo los inspectores tenían la consideración de autoridad. Así, el profesorado que presta servicios en el Sistema Educativo Público de Andalucía tendrá, en el ejercicio de sus funciones, la condición de autoridad pública, y gozará de la protección reconocida a tal condición por el ordenamiento jurídico.

Y también se reconoce la presunción de veracidad, en estos términos: «En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por el profesorado que presta servicios en los centros docentes del Sistema Educativo Público de Andalucía tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad ‘iuris tantum’ o salvo prueba en contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar los propios alumnos y alumnas».

Reparación de daños

La Ley dedica un artículo a la responsabilidad y reparación de daños. Así, señala que el alumnado queda obligado a reparar los daños que cause individual o colectivamente, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, haciéndose cargo, en su caso del coste económico de su reparación. Asimismo, estará obligado a restituir lo sustraído, cuando sea posible. Los padres, madres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos en la ley. Por otra parte, en los casos de agresión física o moral al profesorado causada por el alumnado o, en su caso, por las personas con él relacionadas, la reparación del daño moral infligido, incluirá la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, bien en público o en privado, según corresponda por la naturaleza de los hechos, y ello sin perjuicio de otras medidas educativas correctoras o disciplinarias que puedan adoptarse o de la posible responsabilidad civil o penal en que se haya podido incurrir conforme a la legislación vigente.

El anteproyecto excluye de la aplicación de la ley a los centros privados. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, los centros docentes de titularidad privada no concertados tendrán autonomía para establecer sus normas de organización, funcionamiento, convivencia y disciplina en el marco de la normativa vigente.

Entre los casos más recientes en Málaga se puede recordar el suceso de marzo, en el colegio Manuel Fernández de Churriana, donde una madre dio un cabezazo y partió el labio a una profesora. En enero, el director del Hans Christian Andersen fue agredido por un alumno de 11 años, que le propinó, puñetazos, arañazos y una fuerte patada en los genitales. Ambos casos están en los tribunales de justicia.

El órgano interpreta esta norma de forma retroactiva y ordena al Banco Santander a hacer frente al pago de 1.990 euros del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD).

El Juzgado de Primera Instancia 18 bis de Málaga ha dictado una sentencia con fecha 12 de noviembre sólo una semana después del reciente episodio ocurrido en el Tribunal Supremo en relación a cuenta del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, lo que obliga a una entidad financiera, el Banco Santander, a abonar dicho impuesto, pese a que el Alto Tribunal dictó que debía ser asumida esa suma por parte de los consumidores, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez emitió un real decreto para que siguieran sufragando el mismo los bancos. La entidad deberá pagar 1.990 euros.

El órgano que ha emitido la sentencia es el que se creó para atender las cláusulas abusivas. Es uno de los tres existentes en Málaga y su criterio, al menos en primera instancia, afectará a 12.000 demandas pendientes de resolver entre la banca y los consumidores de la provincia. Luego habrá de pronunciarse la Audiencia Provincial.

Lo segundo, que la Sentencia ocupa 51 páginas, y hace memoria de lo acontecido en las últimas semanas. Desde las tres Sentencias del propio Tribunal Supremo, de 16 de octubre, que supusieron el cambio de doctrina jurisprudencial, pasando por la deliberación y posterior cambio de parecer del Pleno de lo Contencioso, hasta llegar a la publicación del Real Decreto del Gobierno de Pedro Sánchez, que finalmente sirve de base al Juzgador para determinar que sea el banco, y no el cliente, quien abone el concepto tributario en cuestión. Además, termina condenando en costas a la entidad.

Ya ocurrió a finales de 2016 cuando, desautorizando al Supremo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que no se podían poner límites a las reclamaciones sobre cláusulas suelo en los créditos hipotecarios si aquellas se estimaban abusivas.

En septiembre de 2017 le llegó el turno a las hipotecas en divisas, estimadas nulas por el TJUE si carecen de «información suficiente» al firmarlas. Otras cuestiones sobre la ‘letra pequeña’ de esos préstamos siguen pendientes de pronunciamiento en la Corte de Luxemburgo relativas a cláusulas de vencimiento, intereses, vinculación al IRPH, papel de fondos «buitre» y desahucios –probablemente termine anulándolos si las ejecuciones se inician por un solo impago–.

Algunas de esas cuestiones prejudiciales fueron planteadas por el alto tribunal español, otras por juzgados de lo civil. Esta última sería la vía que cabría ahora, según las organizaciones de consumidores, donde creen que el cambio de criterio tan rápido del Supremo y lo apretado de su decisión –que contará con uno de los votos particulares más numeroso que se recuerdan– puede llevar a alguno de esos magistrados de Primera Instancia a llevar sus dudas ante la curia comunitaria.

La otra vía de recurso sería ante el Tribunal Constitucional (TC), a través de uno de los cientos de pleitos abiertos. Para prosperar tendría que probarse la vulneración de algún derecho fundamental, algo complicado a priori al ser la decisión de una Sala completa del Supremo.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nula de la ley del Parlamento Catalán que regula las Asociaciones de Cannabis porque considera que invade las competencias que corresponden al Estado

El TC resuelve el recurso de inconstitucionalidad 5003/2017 contra la ley Catalana de Asociaciones de Consumidores de Cannabis. Declara que se trata de una norma inconstitucional y nula de la ley del Parlamento Catalán que regula las Asociaciones de Cannabis al considerar que esta debería ser competencia del Estado en esta materia penal como expresa el artículo 149.1.6. de la Constitución Española.

El Magistrado Ricardo Enríquez, quien ha sido ponente en este caso, aclara que, aunque el cannabis contiene elementos o principios activos susceptibles de aplicación terapéutica no es, en sentido estricto, un fármaco o medicamento, sino una sustancia calificada como estupefaciente. Además, recordemos que el Código Penal regula la actividad con drogas tóxicas y estupefacientes bajo una pena en los artículos 368 y siguientes.

El TC ha recordado que esta norma que ha sido impugnada es similar a los recursos de inconstitucionalidad que fueron presentados en el Gobierno contra la Ley Foral 24/2014, de 2 de diciembre, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis de Navarra y contra el artículo 83 de la Ley del Parlamento Vasco 1/2016, de 7 de abril, de atención integral de las adiciones y drogodependencias. Estas también han sido declaradas inconstitucionales por SSTC 144/2017, de 14 de diciembre y 29/2018, de 8 de marzo, respectivamente.

Esta ley Catalana tiene un régimen jurídico completo y acabado de las “asociaciones de consumidores de cannabis”, además de estar directamente dirigido a “articular el consumo y cultivo compartido de cannabis” o “el consumo, abastecimiento y dispensación” de esta sustancia “cuya disciplina normativa se reserva el Estado”. Como ocurrió con la de la ley Foral, la Catalana “reconoce a los clubes (asociaciones de consumidores de cannabis) funciones de acopio o adquisición y ulterior distribución” de cannabis. Se entiende que los “clubes de consumidores de cannabis” incurren en esta invasión competencial, ya que se definen como un “espacio de ámbito privado gestionado por una asociación de consumidores de cannabis, que reúne las condiciones idóneas para el consumo de cannabis por parte de sus miembros y donde se lleva a cabo principalmente esta actividad”.

Además, la resolución tampoco acepta que se trate de una competencia autonómica en materia de asociaciones y de salud, pues ni el artículo 118 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (EAC) ni el artículo 162.3 b) del EAC amparan esta norma. Con la misma conclusión, debe alcanzarse el tercer título competencial invocado desde la comunidad autónoma y no examinado en esas sentencias anteriores: consumo y protección de los consumidores y usuarios.

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido como doctrina jurisprudencial que la expulsión de España de un ciudadano extranjero por vía administrativa como consecuencia de una condena penal solo es procedente cuando la pena mínima prevista en el Código Penal para el delito por el que ha sido condenado sea superior a 1 año de prisión.

Al existir sentencias contradictorias de los Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades autónomas, la Sala establece cómo tiene que interpretarse el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) que regula la expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, del extranjero que haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

En primer lugar, la Sala establece que la pena a la que se refiere dicho artículo es la prevista en abstracto en el Código Penal para el delito cometido, y no la pena concreta impuesta al afectado en sentencia. Y en segundo término, indica que la referencia a la pena superior a un año, debe interpretarse como la pena mínima que recoja el Código para cada delito.

Textualmente, la doctrina jurisprudencial acordada por el Supremo señala que “el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) -y, en concreto, su inciso “delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año”- debe ser interpretado en el sentido de que el precepto se refiere a la pena prevista en abstracto en el Código Penal para el delito correspondiente, si bien, sólo en aquellos supuestos en los que la totalidad de la pena establecida en el Código Penal sea “una pena privativa de libertad superior a un año”, esto es, excluyendo aquellos delitos en los que, con independencia del máximo previsto para la pena de privación de libertad, el mínimo, igualmente previsto, es de un año o menos”.

Del precepto, explica la sentencia, no se deduce ninguna referencia a la condena concreta que se le impusiera al ciudadano extranjero, sino que lo único que exige y requiere es que la sanción prevista en el Código Penal español para el delito por el que se le condena sea una pena privativa de libertad superior al año, aunque la pena privativa de libertad que se le haya impuesto sea inferior al año.

“Se trata de una infracción objetiva en la que la valoración subjetiva de los hechos determinantes de la condena penal ya fue realizada por el tribunal penal, y tal valoración, con el juego de grados, atenuantes o conformidades, pudo dar lugar a una concreta pena privativa de libertad inferior al año; pero tal valoración subjetiva no le corresponde realizarla, de nuevo, a la administración en el momento de la imposición de la sanción de expulsión, ya que el legislador sólo ha habilitado a la misma para la comprobación de que el delito, por el que el extranjero fue condenado, está sancionado, en el Código Penal español, con una pena privativa de libertad superior al año”, subraya la Sala.

El precepto, según los magistrados, no se refiere a la conducta sino al delito, por lo que la decisión se debe adoptar sin considerar si el hecho se consumó o quedó en tentativa o la incidencia de determinadas circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pues la aplicación del mismo quedaría al arbitrio de que la acusación solicite mayor o menor pena o de que el tribunal del orden penal la imponga por encima o no de dicho umbral. En este contexto, la Sala se inclina por la interpretación de la “pena abstracta” o “pena tipo”, ya que si se aplica la contraria, “pena concreta”, se podría dar la circunstancia de que algún extranjero fuera expulsado al ser condenado penalmente por una pena superior a un año –por el juego y aplicación de las circunstancias agravantes concurrentes- por un delito que sólo tenga prevista en el Código Penal una pena de prisión inferior a un año. Recuerda el tribunal, además, que esta causa de expulsión recogida en el artículo 57.2 de la LOEX es una transposición de la normativa europea que ha sido decidida en un ámbito comunitario que no admite interpretaciones concretas en el ámbito del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro.

En la sentencia que fija la doctrina jurisprudencial, el Supremo resuelve el caso planteado por un ciudadano extranjero con una orden de expulsión de España, con prohibición de entrada durante siete años, como consecuencia de una sentencia firme a ocho meses de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad. El tribunal estima el recurso de casación del interesado y anula la orden de expulsión dictada por la Subdelegación de Gobierno de Sevilla, de 19 de noviembre de 2015, al considerar que dicho delito “ni estaba ni está sancionado” en el Código Penal tanto en el momento en el que ocurrieron los hechos –uno a tres años de prisión Ley Orgánica 10/1995- como en una reforma posterior –seis meses a tres años de prisión Ley Orgánica 1/2015- con una pena privativa de libertad superior a un año.

La sentencia incluye dos votos particulares firmados por los magistrados Rafael Fernández Valverde y José Juan Suay Rincón que expresan su discrepancia con el criterio de la mayoría sobre la interpretación del citado artículo. En concreto, defienden que la sanción a considerar no debería ser la prevista en el Código Penal para el delito por que ha sido condenado el ciudadano extranjero, como afirman los demás magistrados, sino la pena por la que, concretamente, es condenado.

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Actos diarios que se pueden convertir en infracciones

  • REVELACIÓN DE SECRETOS. Instalar en un teléfono móvil de otra persona un programa que permita mantener controlado o vigilado el terminal, conocer las llamadas efectuadas y recibidas; publicar fotos o vídeos sin autorización del interesado; o acceder a cuentas de correo electrónico y teléfono móvil de otra persona sin su consentimiento, puede ser sinónimo de cometer un delito de descubrimiento y revelación de secretos, como aparece tipificado en los artículos 197 del Código Penal (CP), que impone, según la importancia y el tipo de delito, condenas que van desde los tres meses a los siete años. Otros casos que también significarían una infracción susceptible de ser penada son la facilitación a terceros de datos de personas que se hayan obtenido de registros oficiales a los que se tiene un acceso restringido o el acceso a información personal de terceros, como historiales médicos, aprovechándose para ello de la posición o condición que se ocupa.
  • AMENAZAS, COACCIONES O ACOSO. Según apunta el manual Protección de datos y prevención de delitos, el acoso puede revestir diversas formas. A modo de ejemplo, apunta que se puede cometer un delito de este tipo cuando, de modo insistente y reiterado, se vigila o persigue a una persona, se establece o se intenta establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, se usan de manera indebida sus datos para adquirir productos o mercancías, o contratar servicios, o para conseguir que terceras personas se pongan en contacto con ella. Las condenas relacionadas con las amenazas, coacciones y el acoso aparecen en los artículos 169, 171 y 172 del CP.
  • CALUMNIAS E INJURIAS. Éstos son, sin duda, los delitos más habituales y que, con mayor frecuencia, llegan a los tribunales. Es importante entender que cuando se difunde información que «atribuye a una persona haber cometido un delito sabiendo con certeza que no es verdad, o con el fin de lesionar su dignidad, fama o estima mediante ofensas o insultos, se estará cometiendo un delito de calumnias o injurias». Un caso de calumnias puede ser castigado con penas de prisión de entre seis meses y dos años. En el caso de las injurias, el CP estipula que la condena será una multa de entre seis y catorce meses. Cuando la información se difunde con publicidad, y se considera así cuando se realiza a través de Internet, las penas que se imponen se agravan.
  • VIOLENCIA DE GÉNERO Y LIBERTAD SEXUAL. Amenazar o chantajear con difundir vídeos, grabaciones íntimas de la pareja –sexting-, sin su consentimiento, puede constituir un delito de violencia de género. Lo mismo sucede cuando se vigila o se intenta establecer contacto con una expareja o se usan indebidamente los datos personales de la misma. El manual destaca que, «en muchos casos, Internet y sus servicios se han utilizado con la finalidad de controlar, amedrentar, acosar, humillar y chantajear a las mujeres. Estos actos pueden llegar a constituir delitos de amenazas, coacciones, acoso o maltrato, que, en ocasiones, se cometen sin ser plenamente consciente de ello, especialmente en el ámbito juvenil».
  • SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD. Cuando en Internet se utiliza la identidad de otra persona para hacerse pasar por ella o para decir u ofrecer algo en su nombre se está suplantando su identidad, además de constituir un ataque contra la privacidad. Entre los diferentes ejemplos de delitos de suplantación de identidad, encontramos casos como hacerse pasar por otra persona utilizando el DNI y su cuenta corriente para comprar o contratar servicios, crear un perfil de otra persona en las redes sociales y utilizarlo para relacionarse con otros usuarios y publicar fotos íntimas de la víctima sin su autorización o hacerse pasar por otra persona para cometer ciberbullying o grooming. Al llevar a cabo una suplantación de identidad se pueden cometer delitos de revelación de secretos, contra la integridad moral, acoso, coacciones o estafa.
  • OTROS DELITOS RELEVANTES. Existen muchos otros delitos tipificados en el Código Penal que se pueden dar en Internet y en las redes sociales como los delitos de odio -castigado con penas de entre uno y cuatro años de cárcel-; los de estafa -recogido en los artículos 248, 249 y 250 del CP) o los de daños informáticos, castigados con hasta ocho años de prisión.

El Juzgado de Primera Instancia (Refuerzo) número 11 de Bilbao ha librado a unos padres de abonar el aval hipotecario de su hijo al considerar que el banco fue poco transparente y, consecuentemente, ha decretado, la «nulidad radical» de la cláusula. La juez ha considerado que los avalistas no fueron informados por parte de la entidad de manera suficiente sobre las consecuencias que tenía lo que estaban firmando, por lo que ha entendido que la cláusula que les designaba como avalistas es abusiva y, por tanto, nula.

El caso juzgado en Bilbao era el de un joven con ingresos discretos e inestables que, cuando pidió en diciembre de 2005 una hipoteca, la entidad requirió como garantía del préstamo el aval de sus padres y de sus hermanos. Cuando el hipotecado empezó a tener problemas para pagar, el banco escribió a sus progenitores advirtiéndoles de que podría embargar su vivienda. Ante este aviso, el padre del joven, ante el miedo a perder su propia vivienda, empezó a abonar las cuotas de la hipoteca de su hijo.

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Refuerzo de Bilbao ha fallado a favor de esa familia de Barakaldo al entender que el aval era abusivo y que el banco «no explicó bien a los padres y hermanos» lo que éste implicaba.

El informe que establece las bases de la futura Ley contra el consumo de alcohol en menores, validado la pasada semana en el Senado y a la espera de su aprobación por la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, incluye que se sancione a los padres de los menores que beban, y, en caso de reincidencia grave, si se demuestra una actitud negligente de los padres, se aplicaría la normativa existente en el ordenamiento jurídico para la protección del menor. Para que se pueda condonar la sanción, los padres deberán participar junto con los menores en las actividades reeducativas que se les impongan como alternativa, basadas en la evidencia y con objetivos de prevención y reeducación.

Asimismo, propone prohibir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en vía pública (botellón) salvo terrazas o áreas autorizadas y unificar criterios; prestar especial atención a la dispensación gratuita o no y a la venta de alcohol a menores en las fiestas con arraigo cultural o tradiciones y en eventos de gran confluencia; y, además, endurece las medidas contra cualquier tipo de local o comercio que vendan o suministren alcohol a menores de manera reiterada, llegando a ser incluso clausurados.

Otro de los apartado, propone revisar los impuestos especiales de todas las bebidas y establecerlos en relación con la cantidad de alcohol puro que contiene cada una de ellas; e incluso se considera la posibilidad de que una parte de dichos impuestos sean finalistas, destinados al control de la oferta y a actuaciones preventivas y disuasorias del consumo o del tratamiento de los efectos adversos del mismo.

Además, se recomienda establecer regulación de horarios de venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos en los que no esté permitido su consumo inmediato, al igual que en la venta a domicilio y televenta (por ejemplo, de las 22.00 h a las 7.00h); prohibir los ‘happy hour’ en los locales; establecer la obligación a locales de suministrar agua gratuitamente y la embotellada a precio reducido; y prohibir la venta de bebidas alcohólicas en gasolineras.

Además, como ya ocurre con el tabaco, incluir en el etiquetado de las bebidas con contenido alcohólico – teniendo en cuenta la Directiva Europea – una advertencia sanitaria sobre los daños y riesgos para la salud.

Aconseja limitar la publicidad, promoción y patrocinio en vía pública estableciendo un perímetro en torno a las cercanías de lugares destinados a menores o frecuentados por ellos, es decir colegios, institutos, centros sanitarios o salas de cine o teatro durante los espectáculos dirigidos a menores, y pone como ejemplo que se establezca el límite en torno a 100 metros lineales del perímetro de centros escolares.

Restringir el patrocinio, o cualquier otra forma de financiación, de bebidas alcohólicas a actividades deportivas, culturales, educativas, de ocio, etc, sobre todo en sitios susceptibles de acudir con los menores: patrocinio de conciertos, «beer runners», consumo en películas taquilleras, juegos online, fiestas patronales, turismo de alcohol, etc.

En cuanto a la publicidad en televisión de marcas de bebidas con alcohólico se pide que se establezca un horario infantil en el que no se podrá insertar publicidad de ningún tipo ni en programas emitidos una hora antes o después de ese horario.

Iniciativas

El informe, que parte de que «los últimos datos de consumo de alcohol por menores son preocupantes», muestra como «objetivo primordial» retrasar la edad de inicio en el consumo hasta los 18 años e incrementar la percepción social del riesgo de dicho consumo.

El texto que se fundamenta en diez ámbitos siendo el familiar uno de los más importantes, ya que se pretenden establecer mecanismos especiales de detección e intervención en familias con antecedentes de consumos abusivos de alcohol.

La futura ley de menores sin alcohol debe tener un carácter «educativo y pedagógico», pero también debe garantizar la protección de los menores, por eso esta ley debe tener un régimen sancionador cuya orientación punitiva y recaudatoria se dirija hacia aquellas personas jurídicas y físicas mayores de edad, que permitan o fomenten el consumo de alcohol por parte de menores de edad, especialmente si obtuvieran beneficio con dichos actos.

No obstante, enumera un gran número de medidas formanivas, informativas y asistenciales dirigidas a reforzar el liderazgo de las familias; incluir en los contenidos curriculares de la educación primaria y secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional contenidos destinados a desarrollar acciones que promuevan la educación para la salud; y establecer protocolos en los centros educativos de detección temprana de las personas con factores de riesgo, pudiéndose derivar a los servicios sociales asistenciales o sanitarios, los casos de adicciones.

Realizar campañas de concienciación social acerca de los abusos del alcohol y otras adicciones; fomentar otras formas de celebración en fiestas culturales y patronales, con el fin de modificar, pese a su dificultad los hábitos culturales relacionados con el consumo de alcohol en espacios de ocio, valorando políticas de precio especial de alternativas de ocio para menores y de tal manera, que se faciliten hábitos alternativos.

Promover pactos y estrategias de comunicación específicas sobre prevención del consumo de alcohol en menores, tanto en redes sociales como en otros medios de comunicación social, para construir entornos en los que las elecciones saludables sean las más fáciles de tomar.

Modificar el logo de «consumo moderado o es tu responsabilidad» por logos más adecuados que no inciten al consumo como «tolerancia cero en menores», «menores sin alcohol» o «menores ni una gota»; y cambiar la consideración de consumo moderado por campañas que adviertan de que el abuso del consumo de alcohol puede provocar adicción y el consumo habitual es nocivo para la salud.

En el ámbito asistencial, los profesionales sanitarios tendrán un papel primordial. Así, se potenciará el papel de la atención primaria en la detección del problema del alcohol en menores; y en Urgencias se establecerán protocolos de coordinación de asistencia sanitaria para la atención de menores por intoxicación etílica en orden de preservar su salud y prever posibles trastornos adictivos, y su consecuente derivación a programas de intervención puntual en atención primaria o a psiquiatría infantil.

Expertos

No obstante, el informe muestra falta de acuerdo entre los expertos en lo relativo a la eficacia de una ley de menores sin alcohol, se muestran «escépticos» puesto que ya existen legislaciones autonómicas y ordenanzas locales que regulan las cuestiones fundamentales «y, sin embargo, su impacto no ha sido el esperado». En informe, por tanto, afirma que «cualquier medida a desarrollar debe contar con unos niveles adecuados de coordinación entre los ámbitos educativos, familiares, sanitarios, sociales y de cualquier otro ámbito que pudiese ser necesario». Esto implica «sensibilizar» a toda la sociedad sobre los riesgos del consumo de alcohol por parte de los menores y disminuir la tolerancia al consumo en esta etapa vital para el desarrollo de la persona con medidas destinadas a incrementar la percepción de riesgo y disminuir la tolerancia social frente a su consumo.

Crear un Observatorio de menores y alcohol con participación de todos los agentes implicados que estén llamados a formar parte de la solución, en el seno del Observatorio Nacional de Drogas y Adicciones. Para ello, se prioriza incluir en el Plan Nacional sobre Drogas actuaciones específicas «sobre los menores y el alcohol»; y ampliar, en el ámbito judicial equipos psicosociales en los juzgados de familia y menores y en juzgados de guardia, para que tengan la suficiente capacidad de afrontar la mediación civil y penal.

El pleno de la sala primera del Tribunal Supremo resuelve dos recursos sobre el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El Tribunal Supremo ha decidido hoy que es el cliente y no el banco el que debe hacerse cargo de los gastos e impuestos de constitución de una hipoteca.

Según explica la nota informativa facilitada el gabinete técnico del alto tribunal, el pleno de la sala primera ha decidido en relación a dos recursos relativos a reclamaciones de consumidores contra cláusulas de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, que atribuían a los particulares todos los gastos e impuestos generados por la operación.

En concreto, señala, el tribunal ha partido de su propia jurisprudencia sobre la abusividad de una cláusula que, sin negociación y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley, según los distintos supuestos, hace una distribución de los mismos.

En los casos concretos sometidos a enjuiciamiento, en el Tribunal Supremo se discutía ya únicamente lo relativo al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

El Supremo ha estimado en parte los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados y ha establecido que sobre dicho impuesto deben distinguirse diversas situaciones:

a) Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la sala tercera, de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

b) Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

Despacho multidisciplinar. Asesoría Integral de Servicios Jurídicos

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